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Abr

El Gobierno de España aprobó hoy la limitación de las operaciones empresariales en efectivo a partir de 2.500 euros. Una medida que va en la misma dirección que la ya aprobada de la amnistía fiscal con la que los defraudadores se librarán de sanciones y multas a cambio de pagar un peaje del 10% del dinero que blanqueen. Gracias a estas medidas aflorará una parte importante de todo el dinero negro que actualmente escapa del control de la Agencia Tributaria y que será un motor que nos ayudará a salir de la crisis económica. Supondrá un aumento de la oferta de fondos prestables, una reducción de los tipos de interés de la economía y como consecuencia una mayor demanda de crédito.

Economía sumergida

Estas dos medidas, aparte de la recaudación fiscal que pueden suponer, pondrán en la economía legal alrededor de 50.000 millones de euros (4,8% del PIB), considerando que la economía sumergida asciende a 245.000 millones (23% del PIB, diez puntos por encima de la media de otros países de nuestro entorno, como Alemania o Francia).

En España, en 10 años, la bolsa de dinero negro aumentó un 33% debido a la evasión fiscal en el sector constructor y promotor en los años del ‘boom’ y después a la propia crisis económica, que ha propiciado un aumento de la economía sumergida. Una parte del dinero negro descansa en las “cajas fuertes” de empresas y familias y otra se encuentra en paraísos fiscales en países extranjeros.

Tanto si el dinero negro sale de las cajas fuertes y se coloca en otro tipo de activos como si llega a España desde los paraísos fiscales supondrá, en alguna medida, un aumento de los depósitos (D) y una reducción del Efectivo en Manos del Público (EMP) y, por tanto, del coeficiente de efectivo (EMP/D). Un tema que desarrollaremos más adelante.

Billetes de quinientos

Desde otro punto de vista estas dos medidas serán sin duda una forma de aflorar los miles de millones de euros que, en billetes de quinientos, se esconden a la hacienda pública.

España es el país europeo en donde más billetes de quinientos euros circulan. En España hay 99 millones de billetes de quinientos euros, por valor de 49.591 millones de euros sobre un total de 66.950 millones de euros en billetes. Los billetes de quinientos euros representan, por tanto, el 75% del valor de los billetes en circulación. Una pista irrefutable de conductas opacas.

De cada cuatro billetes de quinientos euros que circulan por Europa, uno anda por España, lo que supone el 25% cuando nuestra economía solo representa el 11% de la Eurozona.

Si se piensa que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país jamás ha visto un billete de quinientos euros, que de hecho ni siquiera están circulando ni son admitidos en las transacciones ordinarias, se llegará a la conclusión de que sólo se explica porque muchas grandes transacciones se realizan en dinero negro, ocultas al fisco y, por lo tanto, llevadas a cabo en el oscuro territorio de la economía sumergida.

¿Qué es el coeficiente de efectivo (e)?

El coeficiente de efectivo (e) se define como el porcentaje de billetes y monedas en manos del público con respecto a los depósitos (D). Es decir “e” = Efectivo en Manos del Público / depósitos (e = EMP/D). Este coeficiente queda determinado por variables sociológicas y económicas. Por tanto, el valor del coeficiente de efectivo dependerá de las preferencias expresadas por el sector privado al elegir entre EMP y D. En este sentido el coeficiente de efectivo (e) no es un coeficiente legal.

Para simplificar el análisis, limitaremos a sólo dos las formas que pueden escoger las empresas privadas y los individuos para mantener dinero (M3): pueden mantener Efectivo en Manos del Público (EMP) o depósitos.

Una disminución del coeficiente EMP/depósitos (e) hace aumentar el multiplicador monetario y, en consecuencia, incrementa la oferta de dinero (M3). Este resultado, que es manifiesto en la ecuación se puede también explicar en forma intuitiva. Si “e” baja el público está reteniendo una menor proporción de su dinero como EMP y habrá una mayor proporción en forma de depósitos y como consecuencia los bancos podrán conceder más préstamos. Es decir, mayores depósitos aumentan la capacidad del sistema bancario para conceder crédito.

¿Qué factores influyen en el coeficiente de efectivo?

Distintos factores influyen en el coeficiente  de efectivo (e) EMP/depósitos. Un aumento en los tipos de interés de los depósitos o en el número de cajeros automáticos seguramente reduzca el coeficiente “e” ya que los agentes se desplazan del efectivo hacia los depósitos bancarios. Un mayor uso de tarjetas de crédito también reduce  el coeficiente de fecetivo.

El coeficiente “e” también responde a los pánicos bancarios. Si el público pierde su confianza en la solvencia de la banca, como ocurrió en Estados Unidos a principios de los años treinta, tratará de convertir sus depósitos a efectivo. El efecto inmediato es que aumenta el coeficiente “e” y por el efecto multiplicador monetario reduce en último término el stock global de dinero (M3). La posibilidad de un pánico bancario se ha reducido en los países de la OCDE, debido en parte al seguro a los depósitos (en España el Fondo de Garantía de Depósitos), pero los pánicos bancarios todavía se presentan ocasionalmente en los países en desarrollo. El coeficiente “e” también muestra fuerte estacionalidad. Durante el verano o Navidad, por ejemplo, normalmente aumenta ya que la gente tiene en su poder más EMP para sus compras pequeñas y desplazamientos.

También cuando suben los impuestos aumenta la propensión a sumergirse lo que incrementa el coeficiente de efectivo.

En cambio, la reducción de impuestos, la amnistía fiscal y la limitación al pago en efectivo reducirán el coeficiente de efectivo y, por tanto, aumentarán los multiplicadores y como consecuencia aumentarán también, los depósitos, el crédito y el dinero (definido como M3).

Fuente: Rafeal Pampillón. Menos dinero negro, más crecimiento económico. EXPANSIÓN. 13 de abrilde 2012.

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Comentarios

ARG 11 abril 2012 - 19:24

Es cierto que la amnistía fiscal favorecería al crecimiento económico en España… pero no de la manera tan positiva que piensa el Gobierno ¿qué pasará después con esas personas que declaren que tiene ese dinero cuando termine la amnistía? Este blanqueo de dinero va a permitir al Estado conocer la identidad de las personas que le han estado defraudando durante los últimos años y no sé hasta que punto estas personas quieren que se les conozca. Cuando termine la amnistía, y teniendo en cuenta la subida de impuestos que ha realizado el gobierno, estás personas se verán claramente perjudicadas y expuestas a una inspección. Aunque si creo que ayudará un poco a mejorar el crecimiento económico en España, no creo para nada que la recaudación del gobierno sea tan favorable como piensan, la economía sumergida en España es tan grande y tan “rentable” que estas personas no se van arriesgar a que se les indentifique y los que lo hagan, lo harán con cantidades poco relevantes.

Eduardo Arcos 12 abril 2012 - 08:57

Lo cierto es que no había pensado en esta dirección, y además me parece que el artículo esta presentado de una forma didáctica fantástica. Lo que me preocupa de esto son dos cosas en distintas direcciones:
– La masa monetaria ya se ha tratado de que aumente mediante las dos operaciones LTRO del BCE y de hecho, podemos ver en las estadísticas del BCE que la velocidad de crecimiento sube, pero esta inyección de dinero no ha hecho que el crédito aumente. Me preocupa que esto vuelva a ocurrir, pero esta vez a costa de riesgo moral.
– No tengo claro de que la demanda agregada suba con este tipo de operaciones, porque el consumo y la inversión privada dependen fuertemente de la subjetividad del individuo (a mi parecer), y no solamente de la disponibilidad de dinero. Me parece que corremos el riesgo de que, el que blanquee el dinero, lo haga barato y que además lo deje quieto. Además con tanta medida monetarista, más el precio del petróleo, conseguiremos que aumente la inflación y no hallamos estimulado la creación de empleo. Sinceramente, tengo mis dudas.
Un saludo

juan 12 abril 2012 - 09:24

Muy optimista y poco realista…Supone que la gente guarda el dinero negro debajo del colchón…

Ferran Jaén 12 abril 2012 - 09:52

Un elemento a destacar es la posibilidad de que los promotores-constructores blanqueen parcialmente beneficos ocultos y les sirva par cubrir deudas bancarias, por lo que la banca tendría un pequeño respiro adicional al cobrar parte de los créditos concedidos.
Optimismo el justito, que para algo somos españoles y sabemos que luego viene Paco con las rebajas.

Graciela 12 abril 2012 - 16:12

Creo que es una visión muy simplista por parte del Gobierno.
No creo que el que tenga su dinero en un paraíso fiscal lo traiga de vuelta a España para pagar el 10% y meterlo en un banco en riesgo de quiebra en un país que puede ser intervenido.
Además ¿qué parte de la economía sumergida está relacionada con actividades criminales? ¿van a pagar impuestos por unos ingresos injustificables?
Lo que se debería hacer es retirar los billetes de 500 € de la circulación.

javier 12 abril 2012 - 21:07

Buenas noches:

Una pregunta tonta: ¿Cómo se sabe la cantidad de dinero negro si precisamente es negro?

¿Podéis darme alguna pista?

Gracias y un saludo

Javier

willygradefes 12 abril 2012 - 22:45

Nadie mete muebles en una casa en llamas por fuertes que sean los cantos de sirena. Es más sucede exáctamente lo contrario, fuga de capitales en ciernes.
Además se debería hablar abiertamente del RIESGO MORAL.

Liddell Julio 13 abril 2012 - 02:12

No creo que el permitir que las personas blanqueen dinero por pagar un peaje del 10% sea una solución viable por lo siguiente:

•Las personas al ingresar el dinero al país están identificándose y creando riesgo a sus operaciones para futuras inspecciones en todos sus negocios y transacciones bancarias.
•El gobierno deja una imagen moral no adecuada del país permitiendo blanqueo de dinero.
•Solo procederán a utilizar esta solución aquellas empresas o personas que saben que están bajo inspección y/o próximos a multas de las cuales no podrán librarse.

Carlos Villanueva 13 abril 2012 - 18:37

Rafael, tal y como lo comenté en clase, esta semana se publicó en el periódico Expansión la noticia de los bancos en España ha reducido la remuneración del ahorro a plazo para evitar tener que aportar más capital al Fondo de Garantía, el rendimiento medio cayó del 2.78% al 2.66%; con lo cual esto impacta en la cantidad de efectivo en manos del público ya que menos personas querrán depositar su dinero M3 en los bancos con este rendimiento y por lo tanto existe un efecto sobre el coeficiente de efectivo al aumentarlo. Este medida parece que se contrapone un poco con las que indicas en tu comentario sin embargo parece que los bancos siguen buscando medidas para disminuir su coste de pasivo. Saludos!

Pablo Álvarez 14 abril 2012 - 01:13

Rafael, con tu permiso, me gustaría dejar una opinión sobre este tema, que me parece harto interesante, pero desde un punto de vista quizá menos económico. Mucho se ha hablado en estos días, no sin razón, de la famosa amnistía fiscal del Gobierno de España, que, técnicamente, ha recibido el apelativo de “regularización”. Sin embargo, ninguna noticia hace referencia a la forma concreta en que, desde el plano legislativo, se ha efectuado dicha reforma, una faceta de nuestra realidad que suele verse como incómoda, pero no por ello menos necesaria, ni las implicaciones que tiene sobre otras ramas del ordenamiento jurídico español, todo lo cual, al margen de consideraciones de índole económica, en las que también incidiremos, creo que merecen la pena resaltar, sobre la base, en todo caso, de los textos legales y no sobre opiniones derivadas al respecto.

En primer lugar, es conveniente señalar la figura legislativa elegida para la ocasión. Esta medida extraordinaria ha sido operada por medio del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, un texto no legal pero, a pesar de ello, con rango de ley. La figura del Real Decreto-Ley (en adelante, RDL) es un instrumento legislativo extraordinario en manos del poder ejecutivo, regulado por el artículo 86 de la Constitución Española (CE) de 1978, que le permite en “situaciones de extraordinaria y urgente necesidad” promulgar normas con rango de ley, a pesar de la facultad exclusiva que el Poder Legislativo, representado por las Cortes Generales, tiene atribuida por la Carta Magna. Precisamente, por esta exclusividad, estas normas tienen vigencia temporal limitada, que puede salvarse mediante su convalidación por el Congreso de los Diputados, que es lo que ha ocurrido el pasado jueves, día 12 de abril. No obstante, en la práctica legislativa española reciente, no han sido pocos los casos en los que el ejecutivo ha usado esta vía para eludir el trámite parlamentario bicameral, es decir, que la norma pase por el Congreso, luego por el Senado, donde se podrían proponer enmiendas y, nuevamente, por el Congreso. Por ello, el instrumento legislativo empleado no puede ser más acertado desde el punto de vista técnico, dado que resulta palmario que dada la actual situación de iliquidez general, el sistema económico no podía aguardar hasta completar el trámite ordinario y que, convenientemente, se ha ratificado la norma en el plazo habilitado al efecto.

Expuesto lo anterior, detengámonos en el contenido concreto de la medida. Al margen de los tipos impositivo del 10%, contenido en el apartado 2, la Disposición Adicional Primera del mencionado RDL 12/2012 fija los límites de la misma en atención a una serie de criterios:

– Elemento subjetivo: contribuyentes por IRPF, Impuesto sobre Sociedades (IS) e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
– Elemento objetivo: tenencia de bienes o derechos no correspondientes con rentas declaradas en los tributos anteriores (es decir, rentas eludidas).
– Elemento final o teleológico: regularización de la situación tributaria.
– Elemento temporal: correspondientes al último año fiscal cuyo plazo de declaración hasta expirado.
– Consecuencia jurídica: El importe declarado por el contribuyente tendrá la consideración de renta declarada a efectos de los tributos afectados. Es decir, se elimina el fraude.

De esta forma, queda configurado el alcance de esta medida, mereciendo algunos comentarios adicionales. El primero es que, podrán acogerse a ella los bienes y derechos habidos al cierre de 2011 cuyo plazo de declaración regular haya acabado ya, es decir, si el evasor tenía a 31/12/2011 unos 1.000 € en dinero sumergido, sólo podrá acogerse a la amnistía cuando termine el plazo de presentación de la declaración del tributo correspondiente, lo que debería traducirse en un escalonamiento del afloramiento de este dinero conforme terminen dichos plazos. Una segunda consideración es que se alude a la falta de correspondencia entre rentas generadas y bienes y derechos poseídos, pero las primeras son gravadas por los tributos exonerados, es decir IRPF, IS e IRNR, mientras que la tenencia de los segundos lo es por el Impuesto sobre el Patrimonio, también muy en boga recientemente por haber sido “restablecido” transitoriamente para 2011 y 2012. La diferencia es importante, porque, en términos de gestión, la Base Imponible de los tres primeros es una variable flujo, mientras que en caso del segundo, es una variable stock. De esta forma, para el presente ejercicio, pueden, en efecto, aflorar bienes sumergidos, que estarían sujetos sólo al tipo de gravamen excepcional, pero, en 2012, seguirían integrados en el patrimonio de los antiguos evasores, teniendo aunque puntualmente, que tributar ellos, por lo que el incentivo para regularizarse es importante, pero no lo es para mantener esos bienes en forma de depósitos en España en lugar de en un paraíso fiscal, algo que podría dar al traste con el plan del Gobierno para expandir el agregado M3 vía incremento de los depósitos.
Otra cuestión, también de técnica legislativa, atañe a la relación entre legislación tributaria y penal. En este orden de cosas, conviene recordar que el Código Penal español, en su artículo 305, determina que: “El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, […] siempre que la cuantía […] exceda de ciento veinte mil euros, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía.”. A pesar de todo lo visto, la fuerza de esta disposición no decae por la reforma excepcional recién vista, ya que el Código Penal (CP) goza de rango de Ley Orgánica, que, ex art. 81 CE, sólo pueden aprobarse, modificarse o derogarse por mayoría absoluta del Congreso. Así pues, ¿habría responsabilidad penal para los defraudadores que salieran a la superficie? La respuesta la hallamos en el propio artículo 305.4 CP, cuyo tenor literal dice que: “Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización”. En concordancia con ello, el RDL 12/2012 que venimos estudiando establece que:” No resultará de aplicación lo establecido en esta disposición en relación con los impuestos y períodos impositivos respecto de los cuales la declaración e ingreso se hubiera producido después de que se hubiera notificado por la Administración tributaria la iniciación de procedimientos de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias correspondiente a los mismos”. De esta manera, la respuesta es que no, salvo que ya haya comenzado la actuación inspectora por los bienes y derechos respecto de los cuales pretenda el “sumergido” acogerse a esta amnistía. ¿Hubiera ocurrido algo si el RDL no hubiera previsto el caso, hubiera sido distinto el resultado? No, pero es reseñable y loable el esfuerzo integrador efectuado desde el punto de vista legislativo, ante lo delicado y polémico de esta medida. De hecho, ha habido voces que han considerado inconstitucionales los preceptos observados precisamente por el conflicto entre RDL y LO que aquí abordamos y que podría salvarse con los argumentos anteriores. Lo que sí es cierto, es que supone, de facto, una limitación a la eficacia de esta medida, en tanto que suponer que estos saldos no están en todo o en parte siendo ya investigados sería suponer una importante dejación de funciones por parte de la Administración Tributaria, perjudicando de nuevo la expansión de M3.

Con todo, se puede decir que esta actuación es compleja desde un punto de vista de técnica legislativa, pero puede también que está articulada con corrección. Cuestión distinta es el mensaje que transmite, en el sentido de que el desvalor de defraudar quizá incluso cientos de miles de euros al fisco es menor que el de un hurto de 600 € en plena calle, parece que es menos malo, lo que, al ser incierto, provoca incoherencias en el ordenamiento jurídico difícilmente integrables. Tampoco incentiva a dejar de defraudar, tan sólo a hacerlo puntualmente, y está por ver si con ánimo de mantenimiento prolongado de los depósitos. Por último, no podemos conocer su efectividad en términos relativos, ya que carecemos de precedentes de eventos similares en el pasado próximo. Ante una situación extrema, se recurre a una medida sin precedentes amparada por un razonamiento válido en términos teórico-económicos. Sólo resta esperar que la práctica se comporte en consecuencia.

Gonzalo 14 abril 2012 - 12:40

Me parece interesante la medida por parte del gobierno, muy recursiva. En la práctica lo feo difícil que se dé especialmente con las personas que han sacado su capital a paraísos fiscales o a bancos en el exterior. Esto, básicamente por la situación que atraviesa España hoy en día lo cual suena poco atractivo traerlo de regreso al país. Seguramente, con el paso del tiempo y la salida de esta crisis el escenario mejore pero en el corto plazo tengo la impresión que va a ser una medida de poco impacto para la economía. Veremos qué pasa.

Watercolours – Pasir Ris EC 14 abril 2012 - 13:55

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Estíbaliz de Abiega 15 abril 2012 - 12:14

En México en el año 2008 instauró un política fiscal similar. Ésta consistía en cobrar un impuesto del 3% en depósitos en efectivo llevados a cabo en ventanilla que superaran la cantidad de 15,000 pesos; es decir, esta era la cantidad tope que se podía depositar mensualmente sin ser afectado por el impuesto. La idea del SAT (Hacienda en México) era obligar a la recaudación de aquellos “changarros”, los cuales muchas veces facturan grandes cantidades y no pagan nada al Fisco. Consideró que esta política es buena, puesto que se obliga a la sociedad a ser más responsables con su país y ha desahogar un poco a la clase media, que es la responsable de pagar los impuestos de aquellos que no pueden y mucho peor aún DE AQUELLOS QUE NO QUIEREN.
Esperemos que en España esto fomente la disminución de la economía sumergida y la mayor recaudación para lograr el bienestar de la sociedad.

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Her 15 junio 2012 - 17:54

Vergüenza, hay que replantearnos absolutamente todo y responde a preguntas tales como: ¿sería conveniente de que los políticos aparte de ser nuestros representantes salidos de las urnas fueran representativos?. Hoy en día está claro que no.
Les recomiendo un libro de reciente publicación

“Un cuento de economia: empresa, banca y política”.

Es curioso cómo este autor ya pedía la desaparición o eliminación de algunas instituciones tan denostadas estos días como el Banco de España.

Un saludo.

[…] La limitación en los pagos en efectivo y la amnistía fiscal favorecerán el crecimiento económico… […]

chungero 13 septiembre 2012 - 12:03

libro que tienen que tener en cuenta los partidos politicos, trata bien los aspectos politicos de la economia y no deja lugar a dudas de la corrupción, càncer del sistema actual.
Buen libro de economia politica. UN CUENTO DE ECONOMIA EMPRESA BANAC Y POLITICA de m. fenollar

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