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Ago

La inflación ha comenzado a acelerarse en América Latina ¿Cuál es la posición que deben tomar los bancos centrales de la zona ante esta amenaza? Hasta ahora la reacción generalizada ha sido subir los tipos de interés. Los bancos centrales de Perú, Chile, Brasil, México, etc. han subido los tipos.

También en Colombia, el Banrepública subió su tipo de interés en 0,25%; estaba en 9,75% y quedó en 10% con el objetivo de anclar las expectativas de inflación. Pero a diferencia de otros presidentes Álvaro Uribe, Presidente de Colombia, no recibió bien la medida. El Presidente Uribe se declaró preocupado por esta decisión, tras cinco meses de mantener sin cambios en los tipos de interés

¿Por qué Uribe está preocupado? Porque aunque entiende que la inflación es algo muy negativo sin embargo, tipos de interés altos desalientan la demanda: el consumo y la inversión. Y también a través de la apreciación del peso las exportaciones. Esta caída en la demanda agregada paralizará la oferta, y, por tanto el crecimiento, lo que aumentará el desempleo. Más paro en Colombia supone aumentar la pobreza que venía disminuyendo y también la contracción en la oferta productiva, como pez que se muerde la cola, la menor oferta agregada echará más gasolina a la inflación.

El argumento de Uribe es interesante. La consecuencia de su argumento es que es necesario aumentar la oferta productiva para bajar los precios y aumentar a la vez el crecimiento económico y reducir el paro y la pobeza. Una opinión interesante y a tener en cuenta por los banqueros centrales de todo el mundo. También por Trichet del Banco Central Europeo que debería empezar a bajar los tipos. Pero también los gobiernos de los países deben saber que en la empanada gallega y en la pizza el secreto está en la masa y que en economía el secreto está en la oferta agregada. Cuando hay inflación es porque o hay exceso de demanda o hay contracción en la oferta. Son viejos conceptos de los que ya hemos escrito en este blog.

¿Colombia tiene una inflación de demanda (excesiva expansión de la demanda agregada) o una inflación por el lado de la oferta (contracción de la oferta)? Dependiendo de la respuesta que demos a esta pregunta las medidas de política económica serán diferentes.

Comentarios

López_M 17 Agosto 2008 - 18:37

¿No era la inflación un fenómeno exclusivamente monetario?

Por otro lado, sobre la inflación por el lado de la oferta, creo que podría afectar a precios relativos pero no al nivel general. Entiendo que una cosa son el IPC o el IPRI y otra la inflación (nivel general).

Pedro de la Rica 18 Agosto 2008 - 10:29

Leo en Infolatam que el Banco Central de México (Banxico) elevó por tercer mes consecutivo la tasa de interés referencial en un cuarto de punto porcentual, llevándola al 8,25% para controlar la inflación, pero sugirió que podría ser el último aumento ya que espera que los precios se moderen en medio de una economía más débil.

A finales de julio, el banco central mexicano elevó sus pronósticos de inflación para los próximos siete trimestres en un promedio de casi 1 por ciento, y ahora espera que el índice comience a bajar para acercarse a su meta pero hasta el 2010, a diferencia del horizonte previo del 2009.

La inflación de México a tasa anual se disparó a un 5,39 por ciento a julio, su mayor nivel en más de tres años. El banco central tiene una meta de mediano plazo del 3,0 por ciento +/- un punto porcentual.

El banco central reiteró que espera que las presiones sobre los precios de los alimentos y los energéticos comiencen a reducirse próximamente y que no ha detectado un traspaso de la mayor inflación en la demanda, aunque sostuvo no obstante que datos recientes sugieren un cierto grado de deterioro en la economía del país, derivada de la desaceleración global, sobre todo en Europa, Japón y Estados Unidos, el mayor socio comercial de México.

Gladys Rivas 18 Agosto 2008 - 17:13

La unica persona que le duele con toda su alma la pobreza de Colombia es al honorable Dr. Alvaro Uribe Vélez; no duerme pensando como acabar con esa pobreza, trabaja incasablemnte para lograr disminuir muchisimo la pobreza, hace reuniones nocturnas para buscar nuevos adelantos para colombia, pone ha todo su gabinete a trabajar para combatir la delincuencia. Y por supuesto esta buscando las maneras de como acabar definitivamente con la guerrilla asesina.

JCC 21 Agosto 2008 - 02:10

Rafael, la verdad debo confesar que soy un “preocupado” por ´conservar indices de inflación bajos y por ende celebro que los bancos centrales independientes puedan tomas este tipo de decisiones autónomas de aumentar tasas aunque sean algo impopulares. Sin embargo de acuerdo con tu análisis me haces pensar que tal ves tengamos un índice que de alguna forma para el corto plazo (2008, tal vez comienzos del 2009) se logre controlar….pero que traiga consecuencias funestas en el largo plazo, pues realmente estamos ante una inflación de oferta, pues el índice de precios va en constante aumento (llegando a subir en cercad e 4 puntos), un peso apreciándose constantemente (lo que indica que los productos internos también se encarecen) y una venta de comercio minorista con una caida de casi 5 puntos (sunmado a las condiciones externas de la economís mundial.

Así las cosas los discursos de Uribe no resultan tan populista como algunos críticos los hacen ver…sinoq ue traen un análisis más profundo en aras a controlar la inflación.

Un abrazo,

Juan Camilo C.

PD: fuente de los datos Investigaciones Económicas de Bancolombia (www.investigaciones.bancolombia.com)

carlo 21 Agosto 2008 - 21:20

Parece que mientras el señor presidente no duerme pensando en los pobres, como dice gladys, juan camilo no duerme pensando en la inflacion.Curiosa disyuntiva porque alguna vez le escuché decir a un profesor que ‘la inflación es el impuesto de los pobres’

Creo que el análisis de Juan Camilo puede ser correcto, el problema parece venir por el lado de la oferta. Aunque hay que tener en cuenta que cuando el banco de la republica comenzo a subir las tasas, comienzos 2007, el crédito crecia al 40% lo cual hacía pensar en un recalentamiento de la economía siendo la decisión de aumentar las tasas muy lógica. En este momento el freno parece ser innecesario y potencialmente peligroso.

Claro que hay elementos subjetivos que no podemos olvidar, por un lado el banco está incumpliendo por segundo año consecutivo la meta de inflación y el presidente uribe esta en campaña por un tercer periodo. Esto no se puede medir pero es una variable que seguro está afectando las decisiones.

Gurusblog 25 Agosto 2008 - 22:52

Acabo de pasar un mes en Colombia y para mi claramente creo que la inflación pesa más desde el punto de vista de la oferta por varios factores. En primer lugar uno sólo tiene que darse una vuelta por los supermercados que están parcticamente dominados por dos grupos empresariales con Carrefour a la cabeza, resultado, los precios de muchos productos básicos son similares a los que tenemos en España, no existe suficiente competencia.

En segundo lugar, por la estrctura de la economía Colombiana (con bastantes guiños proteccionistas), así por ejemplo creo que actualmente es más fácil encontrar prendas de vestir más económicas en España que en Colombia (debido a los fuertes aranceles a las importaciones establecidos para proteger a la industria textil colombina).

Finalmente, parte de la inflación es debida al efecto del incremento de materias primas a nivel mundial, factor que no depende para nada de el nivel de tipos de interés que pueda fijar el banco central colombiano.

Para acabar, el país está empezando a notar la desaceleración de su principal socio comercial (los EEUU) por lo que también creo que en estos momentos no tenía mucho sentido la subida de tipos del banco central.

Virginia 11 Septiembre 2009 - 06:33

Entrevista de Virginia Vallejo a Diana Cariboni, directora de Inter Press Service

1. ¿Cuáles son las claves del testimonio que usted prestó el pasado 11 de julio en Miami a la fiscalía colombiana sobre la toma del Palacio de Justicia?

Confirmar la financiación de la toma por parte de Pablo Escobar y el doble objeto que con ella se pretendía: para los grandes narcotraficantes, el robo de sus expedientes del Palacio de Justicia antes de que la Corte Suprema pudiera iniciar su estudio para pronunciarse sobre sus extradiciones hacia Estados Unidos; para el grupo insurgente M-19, denunciar la desaparición de gran cantidad de antiguos miembros suyos, del Ejército Popular de Liberación y de la agrupación indígena Quintín Lame tras haberse acogido al Proceso de Paz de Belisario Betancourt, básicamente una amnistía para los miembros de grupos rebeldes que depusieran las armas. Tras tomarse el palacio, y mientras los
guerrilleros hurtaban los prontuarios de Pablo Escobar y sus socios, los comandantes de la toma exigirían la presencia del presidente Betancourt para llevarlo a juicio por traición a los acuerdos y exigirían espacios radiales al Gobierno para iniciar el proceso de desmovilización y pasar a constituirse en partido político.

2. Cuando publicó “Amando a Pablo, odiando a Escobar”, en una entrevista a la
televisión colombiana, y ante la pregunta de por qué esperó hasta septiembre de 2007 para exponer sus memorias y denuncias contenidas en ese libro, usted respondió: Porque sólo ahora se cierra el círculo. ¿A qué se refería?

Durante veinte años, había guardado un silencio hermético sobre Pablo Escobar, no sólo por terror sino por vergüenza. Me refería al hecho de que Álvaro Uribe, muy cercano a Pablo Escobar y a sus socios en el cartel de Medellín, acababa de nombrar a cuatro periodistas salidos de El Tiempo, el mayor diario del país, como ministros y a otro de sus propietarios como Vicepresidente. La enorme tajada de la pauta publicitaria del Estado – que en Colombia es el mayor anunciante – permitiría a la familia Santos subir el precio de Casa Editorial El Tiempo en momentos en que salía a la venta y los gigantes editoriales españoles Grupo Prisa y Planeta se la disputaban. El Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por su parte, se encargaría de la distribución de cinco
millardos de dólares en ayuda militar de los Estados Unidos a Colombia y de la
renovación de la flota aérea. Uribe nombró como Ministro de Relaciones exteriores a María Consuelo Araújo, hija y hermana de paramilitares cercanos al ex presidente Alfonso López, como embajador en París a Ernesto Samper, el ex presidente que recibió ocho millones de dólares del cartel de Cali para su campaña en 1994, como embajador en Madrid a Nohemí Sanín, prima política de Jorge Ochoa del cartel de Medellín, y como asesor presidencial a José Obdulio Gaviria, primo hermano de Pablo Escobar Gaviria. Y El Tiempo y la gran prensa guardaron total silencio.

Al mismo tiempo, los dueños de Neways, la multinacional que me había despojado de mi patrimonio y obstruido durante diez años la valoración de mi caso en una millonaria demanda de agencia comercial, se encontraban en el banquillo en Utah; el juicio contra los Rodríguez, jefes máximos del cartel de Cali – en cuya emisora radial había yo trabajado en 1984 cuando Gilberto Rodríguez sobornaba a presidentes de la República, senadores, gobernadores, generales, procuradores y fiscales delante de mí – estaba a punto de iniciarse en una corte de la Florida; y Alberto Santofimio, el candidato de Pablo Escobar, estaba siendo juzgado por presunta autoría intelectual en el asesinato de
Luis Carlos Galán en 1989. Todo se conjugó en un mismo mes, de manera providencial, y decidí ofrecer mi testimonio en los tres procesos y en el caso del Palacio de Justicia en 1985, a sabiendas de que me caería el mundo encima.

3. ¿Qué pasó con las fotografías de víctimas del Palacio de Justicia que usted recibió, a manera de amenaza? ¿Qué contenían? ¿Quién cree que las envió? En el libro afirma que se las entregó a Escobar. ¿Volvió a verlas?

Nunca supe quién me las envió, casi un año después de mi reunión con Pablo Escobar e Iván Marino Ospina a mediados de agosto de 1985, dos semanas antes de la muerte del comandante del M-19 en combate con el Ejército. Contenían imágenes de los cadáveres de dieciséis personas que habían sido torturadas, desolladas, castradas o violadas de la manera más salvaje. La carta que las acompañaba decía que me harían lo mismo que a aquellas inocentes personas, para hacerme pagar por los crímenes de mi amante y por haber participado en reuniones con guerrilleros. Tras los hechos del Palacio de Justicia,
yo me había jurado no volver a ver a Escobar, y para 1986 vivía en Cartagena e iba a casarme con el director del Acuario de las Islas. Estaba aterrorizada, no sólo por mi sino por mi futura familia, y decidí viajar a Medellín para entregarle a Pablo las fotografías, averiguar si lo que decía la carta era cierto, y pedirle protección. Él se quedó con todo, para ver si sus contactos en los organismos de inteligencia podían identificar las voces de quienes me amenazaban permanentemente por teléfono, y relacionarlas con las huellas digitales de las fotos y la grafología de la carta. Cuando, por razones explicadas
en mi libro, nos volvimos a ver unos meses después, Escobar me confirmó que los cadáveres pertenecían a las personas detenidas tras la toma del Palacio, a quienes los militares habían torturado hasta la muerte para averiguar si eran guerrilleros, y si tenían información sobre siete millones de dólares en armas y dinero que los narcotraficantes supuestamente habían pagado a otros comandantes del M-19. En realidad, les había entregado dos millones, uno en efectivo a Iván Marino Ospina y uno en armas a Álvaro Fayad, el comandante máximo del grupo rebelde, y había prometido aportar otros cinco para la campaña electoral del M-19, una vez se convirtiera en partido político legítimo,
si le ayudaba a declarar inconstitucional el tratado de extradición con los Estados Unidos. Escobar me describió las torturas infligidas a las víctimas – dos de ellas con nombre propio – ordenadas y supervisadas por el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, a quien calificó de carnicero. Miembros del B-2, Inteligencia Militar, se las habían descrito a El Mejicano – Gonzalo Rodríguez Gacha, su mejor amigo y socio, residente en Bogotá y muy cercano a sectores del Ejército – y sus contactos en el F-2 de la Policía en Medellín habían corroborado la información. Nunca volví a ver las fotos ni la misiva que las acompañaba; Pablo me suplicó que intentara olvidarlas y, según creo, las quemó cuando no se pudo averiguar nada. Estoy segura de que quien las envió había presenciado las torturas o participado en ellas. Como yo era entonces una conocida periodista de televisión y radio, el remitente pretendía hacerme creer que Pablo y El
Mejicano, hombre de extrema derecha involucrado en la muerte de centenares de dirigentes del partido socialista Unión Patriótica, habían pagado al Ejército para que asesinara a los seis comandantes guerrilleros que participaron en la toma o en su planeación para no pagarles el saldo prometido, y que los capos eran los grandes responsables de todo lo ocurrido durante aquella jornada de espanto.

4. ¿Cómo cree usted que el ejército supo previamente de la toma del Palacio de Justicia?

No creo que el ejército supiera de la toma o conociera su fecha. Pero las autoridades estaban al tanto de las amenazas de Los Extraditables – como se autocalificaban los grandes narcotraficantes – a la Corte Suprema de Justicia. En aquellos días, Escobar no era todavía el terrorista de sus últimos seis años, el de los US $5,000 por cada policía muerto, las bombas en los centros comerciales y el avión de Avianca, o el atentado al servicio secreto DAS con ochocientas víctimas entre muertos y heridos. Para 1985, todavía invitaba a sus enemigos a escoger entre ¡Plata o plomo! Yo estaba convencida de que, ante la posibilidad de que la Corte Suprema ordenara su extradición a Estados Unidos, Pablo había viajado nuevamente a Centroamérica. Luego supe que en
ese año había enviado coronas de flores y cartas amenazantes a los magistrados que decidirían sobre su extradición y unos días antes de la toma, que tuvo lugar el 6 de noviembre de 1985, los periodistas nos enteramos de una reunión de los altos mandos en el Club Militar para estudiar el refuerzo de la seguridad del palacio ante las amenazas de Los Extraditables.

5. ¿Qué piensa usted hoy sobre los motivos de la masacre?

Como la justicia aún no estaba sistematizada, al prenderle fuego al Palacio y asesinar a los magistrados a sangre fría para que no quedaran testigos, los militares y los organismos de inteligencia se aseguraron de que 1,800 procesos por violaciones de derechos humanos desaparecieran para siempre; y, al atribuir al M-19 – responsable de la toma, más no del incendio y la masacre – toda la culpabilidad de aquella tragedia histórica, las fuerzas armadas y los dos partidos tradicionales beneficiarios de los narcos se aseguraron de que ningún grupo insurgente se convirtiera en partido legítimo y les disputara algún día el poder. En lo que toca a los detenidos, ya hemos explicado la razón
de su muerte y desaparición forzada.

6. La periodista irlandesa Ana Carrigan, en su libro El Palacio de Justicia Una
tragedia colombiana, sostiene que éste es de esos raros eventos que arrojan luces sobre toda una época. ¿Qué cambió en su país luego del Palacio de Justicia, por ejemplo en cuanto al papel de los militares?

Ana Carrigan siempre negó la relación del narcotráfico con el M-19, lo cual prueba el desconocimiento que se tiene en el exterior de la realidad colombiana. La financiación de la toma por parte de Pablo Escobar, y las razones para aquel pacto entre extraditables y guerrilleros, cambian totalmente la visión que se pueda tener de aquella tragedia y de sus consecuencias, que duran hasta hoy. Pero también prueban el éxito en el encubrimiento de los crímenes de Escobar por parte de medios como Semana, revista de Felipe López Caballero dirigida por Alejandro Santos, que a lo largo de los años ha protegido ferozmente a la viuda de Pablo Escobar y sus hijos de las acciones civiles de
miles de víctimas.

Con raras excepciones, los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares – como los perpetrados durante las guerras – quedan en la impunidad. La justicia penal militar casi siempre los absuelve con argumentos de que el subalterno obedeció órdenes de superior, y éste cumplió con su deber de proteger el Estado de Derecho. En Colombia, los oficiales purgan condena en una guarnición militar o reciben la casa por cárcel, es decir, su palacete por cárcel, porque allá no hay generales pobres. En el caso del coronel Edilberto Sánchez Rubiano, director del B2 – el mismo organismo que en 1989 suministró a los dieciocho asesinos de Luis Carlos Galán los carnets para que pudieran acercarse a pocos metros del candidato presidencial y dispararle – el juez lo
acaba de dejar en libertad por vencimiento de términos, tras pagar una multa de US $4,000 por ordenar y supervisar la violación, tortura, muerte y desaparición forzada de más de una docena de personas. Mi testimonio de cinco horas ante la Fiscal Delegada para el reabierto caso de la Toma del Palacio de Justicia fue hurtado y filtrado a El Tiempo, el diario controlado por la familia del Vicepresidente Francisco Santos y dirigido, hasta hace pocos meses, por el hermano del Ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Lo editaron y adulteraron antes de publicar sólo las partes que incriminaban al M-19 con Pablo Escobar, y no las atrocidades cometidas por los militares o mis solicitudes de investigación de organismos y personalidades vinculadas con los hechos y con el narcotráfico. Pocos días después, el exdirector del B-2 y el ex candidato presidencial de Pablo Escobar, Alberto Santofimio, fueron liberados. Éste ya había pasado años en la cárcel por enriquecimiento ilícito y en 2007 había sido condenado a veinticuatro años de prisión por autoría intelectual en el asesinato de Luis Carlos Galán
en 1989 a manos de los hombres de Escobar. El juicio había sido cerrado tan pronto como yo ofrecí testificar contra él y toda la clase política; la de ayer y la de hoy, porque son exactamente los mismos con distintas parejas.

El uso que Colombia está dando a la impresionante ayuda militar que recibe está legitimizando las más aberrantes violaciones de los derechos humanos y polarizando en contra suya a la mitad de Suramérica. En un país con un mínimo de justicia social y un sistema judicial medianamente eficiente Pablo Escobar y los carteles no hubieran prosperado. Los capos de la droga simbolizan, como nadie, el triunfo de la impunidad, porque una nación corrupta hasta el tuétano es no sólo pobre sino que sufre de complejo de culpa, y mi antiguo amante sabía, mejor que nadie, que a un Estado minado y débil se lo arrodilla fácilmente con el uso del terror. En un país serio y con una prensa independiente, Pablo Escobar llevaría cuarenta años en la cárcel, los cómplices de los carteles no estarían en el palacio presidencial y la embajada en Londres, los militares del Palacio de Justicia habrían recibido cien cadenas perpetuas y el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos hubiera tenido que responder ante la Corte Penal Internacional por los falsos positivos, más de tres mil jovencitos que salieron de sus casas para prestar el servicio militar obligatorio – para los pobres – pero fueron asesinados por miembros del ejército para cobrar recompensas por guerrilleros muertos en combate.

7. El gobierno de México militarizó el combate al narcotráfico y la cantidad de
asesinatos no ha dejado de subir. ¿Usted ve similitudes con el caso colombiano?

Los gobiernos mejicanos no hicieron nada frente a algo tan monstruoso como el
fenómeno de las mujeres de Juárez, quinientas treinta humildes trabajadoras de las maquiladoras violadas y muertas a manos de sádicos, dentro de ritos iniciáticos de los asesinos de los carteles. Ahora, con la guerra que azota la zona fronteriza con los Estados Unidos, la policía mejicana está pagando el precio de toda esa complicidad con el narcotráfico, toda esa indiferencia ante crímenes de lesa humanidad. Y esta vez le tocó el turno al ejército mejicano de enfrentarse a lo mismo que aquel medio millar de niñas inermes: números cada vez mayores e incontrolables del tipo de hombres a quienes el dinero convierte en monstruos, dispuestos a todo para continuar disfrutando de la impunidad y a hacerse matar antes de caer en manos de otros torturadores o de regresar a una vida de privaciones.

Creo que, en materia de narcoguerras contra el Estado, México va de ida y Colombia, tras la muerte de Escobar en 1993, viene ya de vuelta. La persecución contra el capo a finales de los ochenta y principios de los noventa legitimizó a los paramilitares enemigos suyos, que literalmente se convirtieron es socios del Estado y de los magnates embotelladores. Tras los golpes propinados a la guerrilla y el asesinato de muchos líderes sindicales y periodistas en zonas rurales, los paramilitares han pasado a manejar
el negocio de la droga y operan con niveles aberrantes de impunidad. Y últimamente he observado un fenómeno muy inquietante en ambos países: los militares de mayor rango confiesan que los subalternos, en cantidades masivas, se les están saliendo de las manos y convirtiéndose en auténticas bandas de delincuentes uniformados. Al igual que en Colombia, en la frontera mejicana con Estados Unidos muchos policías se colocaron al servicio de los carteles. Y en las zonas rurales de mi país, el ejército participa en las masacres o se hace el de la vista gorda ante la sevicia de grupos paramilitares contra los líderes sindicales, la prensa de oposición, los indígenas y las mujeres. El propósito de todo esa guerra sucia, tan ausente de la gran prensa como La Violencia de los años 50,
es que Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y los militares puedan seguirle vendiendo al mundo y, sobretodo al Pentágono, la derrota de las FARC, para seguirse repartiendo los billones de dólares en ayuda militar norteamericana a Colombia. La dolorosa verdad es que en América Latina, sobretodo en los países exportadores de drogas, los grupos rebeldes existirán y seguirán creciendo mientras no exista un sistema judicial eficiente, base de toda sociedad equitativa y civilizada. Las FARC no han desaparecido: simplemente se han replegado hacia el interior de las selvas donde han vivido siempre.

8. ¿En qué situación de seguridad está usted en este momento?

Cuando cerraron el juicio contra el excandidato presidencial Alberto Santofimio para que yo no pudiera testificar, pedí protección al gobierno de los Estados Unidos. Ofrecí al Departamento de Justicia mi evidencia en el proceso USA vs. Mower (dueños de Neways International) y la información en mi poder sobre los vínculos de la clase política con la familia Rodríguez Orejuela, en cuya estación de radio había yo trabajado a mediados de los 80, cuando su director era el expresidentes Carlos Lemos Simmonds y sus dueños no eran todavía los archienemigos de Pablo Escobar. En julio 18 de 2006 llegué a Miami en un avión de la DEA y la noticia causó revuelo internacional. Resultó que el Departamento de Justicia me necesitaba únicamente para un caso de USA vs. Rodríguez-Orejuela ocurrido en 1997. Yo había visto a Miguel Rodríguez sólo una vez
en mi vida, en 1984, cuando lo entrevisté en un concurrido coctel sobre una copa que su equipo de fútbol, el América de Cali, acababa de ganar; y a su hermano Gilberto lo había visto por última vez al otro día de salir de la cárcel en 1987, cuando pasó por mi casa con Alberto Santofimio camino del apartamento del ex presidente Alfonso López y su mujer, Cecilia Caballero, donde celebrarían su libertad con Ernesto Samper. Unos días después, Pablo y yo nos despedimos para siempre, porque se iba a esa guerra contra Cali y contra el estado que no pude parar y que estalló unas semanas después. De haber visto a alguien de aquel mundo estaría muerta: no sólo interceptaba mi teléfono, sino que a partir de enero de 1988 se convirtió en un monstruo que asesinaba con motosierras a un promedio de treinta personas diarias por la menor sospecha de cualquier vínculo con el cartel de Cali. Me dejó en la pobreza para obligarme a vivir en
Colombia y mi vida se convirtió en un infierno de llamadas a las emisoras que acabaron con mi carrera, y amenazas de sus enemigos y sus cómplices. Todo ello, sumado al atentado que los Rodríguez Orejuela ordenaron contra mí y del que me salvé milagrosamente, me llevaron a cooperar a partir de agosto de 1988 con la División Antidrogas de Interpol Wiesbaden, cuando pude salir de Colombia con una beca del gobierno alemán.

Si bien toda la información que entregué en Miami a la DEA y al prosecutor – el mismo del general Manuel Antonio Noriega – no servía para el caso contra los jefes del cartel de Cali, lo cierto es que a las pocas semanas de mi llegada éstos se declararon culpables y, sin tener que ir a un juicio costosísimo, los Estados Unidos tomaron posesión de los 2,100 millones de dólares que les tenían congelados y pudieron entregarle a Colombia la mitad. Como, tras mi salida, los medios de mi país cercanos a los presidentes Uribe, Samper y López me estaban acusando dizque de ser amante de los hermanos Rodríguez durante la era del narcoterrorismo – para que el Gobierno americano me colocara en la
llamada Lista Clinton y jamás pudiera abrir una cuenta bancaria – yo hubiera podido capitalizar el hecho, suministrar falsa información para acogerme al Programa de Protección de Testigos y reclamar un cheque mensual. Pero reconocer algo tan monstruoso no sólo hubiera sido impensable y una traición al hombre que amo hace casi veinte años y que de un tiempo para acá ya no puede escucharme ni verme, sino que el cambio de identidad me hubiera significado perder la voz que recuperé tras dos décadas de silencio obligado. Como no tenía dinero para quedarme en Estados Unidos, el Departamento de Justicia me ofreció toda su cooperación para obtener el asilo político desde Colombia, donde a mi regreso me protegería el Fiscal General de la Nación. Pero
yo sabía que me asesinarían al llegar, como había ocurrido con otras personas que habían ofrecido cooperación a las autoridades americanas – la esposa del contador del cartel de Cali y El Bandi César Villegas, sucesor de Álvaro Uribe en la Aeronáutica Civil – y decidí quedarme en este país, con mis dos moneditas de veinticinco centavos y una tonelada de equipaje. Me salvó el anticipo de mi libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, que se convirtió luego en el bestseller número uno en el mercado hispano de los Estados Unidos. En Colombia, tras agotar 20,000 ejemplares en las primeras dos semanas, el mercado fue devorado por la piratería.

Colombia es un país enfermo. Mis antiguos colegas me confiesan que, para mantenerse con vida o no exponerse a amenazas, hacen periodismo con guantes de seda. En Colombia los medios viven de las pautas publicitarias del Estado y pertenecen a magnates y políticos asociados con los carteles y los grupos paramilitares. Medios como El Tiempo y Semana acaban con la honra de las mujeres que el gobierno y los Santos no pueden mandar a violar de las Águilas Negras y promueven la piratería editorial para escarmentar a las escritoras que estén pensando en seguir mi ejemplo.

Mis enemigo declarados son todos ellos, sumados a siete millones de fanáticos del gobierno para quienes me he convertido en el enemigo público número uno de la imagen de Álvaro Uribe en el exterior. Ante las amenazas que recibo por todos los conductos y la presión de los medios dizque para que se me deporte para ser encarcelada por haber escrito un libro sobre la corrupción de los presidentes Alfonso López, Ernesto Samper y Álvaro Uribe y los crímenes de sus esbirros, el servicio secreto y los militares colombianos, y ante la proliferación de páginas web y blogs colombianos y cubanos donde se pide a los colombianos comprar mis libros pirateados para matarme de hambre, sólo puedo rogar a Dios que los Estados Unidos me concedan asilo político para seguir ejerciendo el derecho de ganarme el pan con mi trabajo como escritor.

Los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia llevan veintidós años
buscando los restos de sus seres queridos para poner flores sobre sus tumbas.
Representan a todas las clases sociales de Colombia y son el símbolo más desgarrador de la impotencia de los inermes en un país donde la Justicia está diseñada para encubrir a quienes detentan el poder político y proteger a quienes detentan el poder económico, incluidas las multinacionales. Los inermes de ayer son los torturados del Palacio de Justicia; los de hoy son los falsos positivos, el término utilizado para referirse a cientos de adolescentes muertos a manos del Estado. Y en cuanto a lo que hicieron conmigo por denunciar toda esta narcocorrupción que crece con el paso de los días, sólo puedo decir: Ayer fui un periodista testigo de la Historia. Hoy la escribo, para los colombianos que no la vivieron. Y apenas he comenzado.

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