Oscar Martínez ha hecho un comentario, en este blog de economía, al post ¿A quién se le ocurrió la curva de Laffer [1]? que me ha perecido muy interesante y que paso a comentar. Señala Martínez que la curva de Laffer explica la muy grave crisis social, política, económica y fiscal que atraviesa la Argentina desde primeros de marzo de 2008. La ambición recaudatoria del gobierno de la presidenta Kirchner rompió el saco ya que los agricultores se han rebelado frente al gobierno (dejando de sembrar) cuando este anunció un incremento en los impuestos a la exportación de productos agrícolas. El ejemplo más significativo es el de la soja. El impuesto a las exportaciones de soja será incrementado del 35% al 44%. Pero ya que los agricultores también tienen que pagar un impuesto del 35% sobre sus beneficios, el agricultor termina pagando un impuesto de 63% sobre los beneficios y si el precio de la soja sube el estado puede gravar hasta el 95% cualquier incremento marginal de los ingresos brutos de los agricultores.
Como señala la curva de Laffer [2]esta elevada fiscalidad reduce el incentivo a producir, reduce la inversión nacional desanima a la inversión extranjera por lo que la capacidad de producción del país disminuye, la oferta se reduce y aumentan los precios. Pero al generar inflación y provocar escasez, la política económica de la señora Kirchner está alimentando un descontento general. Cristina Kirchner defiende el aumento de los impuestos como un mecanismo de redistribución, sugiriendo que los cultivadores y terratenientes tienen que ser forzados a compartir más su buena fortuna con los otros. Pero en el fondo, esta política económica pone de manifiesto un estilo autoritario que quiere controlar el país con impuestos insufribles, prohibiciones, regulaciones, subsidios y un banco central que obedece al gobierno dándole todo el dinero que solicita lo que alimenta un proceso inflacionario de consecuencias imprevisibles.
Todos estos factores están siendo percibidos por los empresarios como una fuerte intervención del estado en la economía que distorsiona los incentivos del mercado, distribuye inadecuadamente los recursos, introduce un fuerte elemento de imprevisibilidad en las empresas y ahuyenta las inversiones extranjeras. Ha llegado el momento de cambiar la política económica de la Argentina [3].
Pero que nadie se engañe: la única solución pasa por introducir mayores niveles de libertad económica, eliminando toda la política económica populista e intervencionista de corte peronista y kirchnerista. Es decir, hay que ir eliminando, poco a poco, pero sin pausa, los controles de precios, las restricciones aduaneras a los productos importados, los impuestos a la exportación [4], los subsidios a los precios de la energía y la prohibición a las exportaciones de carne. También hay que descongelar las tarifas de los servicios públicos ya que su congelación ha puesto en serio peligro la continuidad y la calidad de los servicios. Por último hay que aplicar una política monetaria restrictiva, controlar el gasto público, hoy desbordado, y liberalizar el tipo de cambio (hasta ahora muy intervenido para mantenerlo debilitado).