La economía sueca entró en recesión: tres años seguidos de crecimiento negativo del PIB (1991, 92 y 93), en los que se perdieron cientos de miles de empleos (tasa de paro del 10,7% en 1997) y se generó un fuerte déficit presupuestario. A ello se unió el progresivo envejecimiento demográfico, las generosas pensiones por jubilación, y un peso desproporcionado de los gastos sociales en el presupuesto. Gobernaba entonces el partido conservador pero, ante el fracaso económico descrito, los suecos dieron el poder a la socialdemocracia en las elecciones de 1994, convirtiendo a Persson en Primer Ministro con la esperanza de que resolviese la crisis económica. Y efectivamente, se puso en práctica una reforma social y un brutal plan de saneamiento. Con ese plan se redujeron drásticamente las ayudas a las familias, prestaciones por enfermedad, subvenciones para vacaciones y para la vivienda y el seguro de desempleo.

Aunque se aseguró buena parte del gasto social, a partir de 1995 se limitó drásticamente el crecimiento del gasto público. Los resultados no se hicieron esperar: la deuda disminuyó, los intereses a pagar fueron consecuentemente más bajos, se estabilizaron los precios y aparecieron los superávit presupuestarios que permitieron mantener el Estado de bienestar sin necesidad de recortes en el gasto o subidas de los impuestos. Desde 1994, el crecimiento económico anual se ha situado en medio punto por encima de la media de la UE. Como consecuencia y a pesar de las impopulares medidas que tuvo que imponer para sanear su economía, el Gobierno socialdemócrata de Göran Persson aumentó su mayoría parlamentaria. La experiencia de Persson demuestra que se puede conseguir reformar el estado del bienestar sin incurrir en costes políticos.

El proceso de modernización llevó al Parlamento sueco a aprobar una reforma del sistema de pensiones por jubilación, que sustituiría al sistema existente. La reforma, que entró en vigor en 1999, convirtió al sistema de pensiones de Suecia en uno de los más completos de los hasta ahora conocidos. El sistema, haciendo caso a las recomendaciones de la Unión Europea, apoyó en parte sus prestaciones por jubilación en un sistema de capitalización. En adelante, cada sueco activo, además de cotizar de acuerdo con el sistema de reparto vigente, tendría que dedicar un porcentaje de sus ingresos a un seguro privado de capitalización. Sobre este tema ha escrito un artículo Cristina Mingorance: “Alternativas al sistema de pensiones de reparto. El caso de Suecia”. Revista Presupuesto y Gasto Público nº 32, 2003 pp 131-158.